El grupo de trabajo de transparencia y acceso a la información pública se dedica al estudio y debate sobre la transparencia pública y su normativa, tanto en lo que atañe a la publicidad activa como al derecho de acceso a la información pública, que es su ámbito específico de trabajo. Desarrollamos una intensa actividad docente y divulgativa, a través de acciones formativas y las publicaciones que elabora. ¡Te estamos esperando! Anímate y únete a nuestro grupo.
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La transparencia y el derecho de acceso a la información pública en el estado social y democrático de derecho
Artículo de Eloísa Pérez Conchillo para la Revista NUEVOS HORIZONTES del Derecho Constitucional núm. 4 2023, editada por la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico.
SUMARIO: I. Introducción. II. La transparencia en el Estado social y democrático de Derecho. III. El derecho de acceso a la información pública: naturaleza jurídica. IV. Tesis defendida.
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¿Existe derecho de acceso a la información relativa a todas las sanciones impuestas a personas jurídicas?
Este trabajo de Javier Torre de Silva examina el derecho de acceso de los particulares a la información relativa a las sanciones impuestas a personas jurídicas, desde la óptica de sus límites constitucionales. Se sostiene que el derecho de acceso deberá concederse preferentemente con carácter seudonimizado, pues el interés jurídico protegido es el control de la actividad pública, no la averiguación de hechos relativos a otros particulares (incluidos competidores). Cuando no sea posible el acceso seudonimizado habrá que determinar si la publicación de la sanción constituye o no una sanción accesoria, en cuyo caso no cabe el acceso, si la resolución sancionadora es firme en ambas vías (incluida la contencioso-administrativa) y si la publicación de la sanción ha sido ordenada o prohibida por la ley con carácter reglado. En su caso, será de aplicación el art. 14.1 de la Ley de Transparencia, que obliga a valorar el daño causado, la ponderación de intereses públicos y privados en juego y el principio de proporcionalidad.
Publicado en la Revista de Administración Pública núm. 221.
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LA REFORMA DE LA REGULACIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO EN ESPAÑA
El IV Plan de Gobierno Abierto ha sido el producto de esfuerzos a todos los niveles y la semilla de un nuevo marco de gobernanza pública más transparente y participativa. Contiene 10 compromisos y más de 100 iniciativas, siendo el primero de los compromisos precisamente la reforma del marco regulatorio de la transparencia, que incluye la aprobación del reglamento de transparencia y la reforma de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Este seminario de especialistas sobre el estado de la legislación y del marco regulatorio de la ley de transparencia y gobierno abierto se celebró en el CEPC el 17 de mayo de 2021, contó con ponencias de la profesora Concepción Barrero (Universidad de Sevilla), el profesor Agustí Cerrillo i Martínez (Universitat Oberta de Catalunya), el profesor Lorenzo Cotino Hueso (Universitat de València), con la investigadora Mónica Martínez López-Sáez (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), el profesor Juli Ponce Solé (Universitat de Barcelona), con la profesora María Zambonino Pulito (Universidad de Cádiz) y con el profesor Javier Bermúdez Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid), que, además, ha sido el coordinador de la actividad.
La presentación de las ponencias y el posterior debate, que se recoge en este volumen, giraron en torno al estado de la legislación en materia de transparencia y buen gobierno y sobre los posibles ejes de reforma de la legislación estatal, mediante la modificación de la Ley o en su caso mediante desarrollo reglamentario.
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El acceso a la información de las Comisiones de investigación en el Derecho español y portugués. La necesidad de transparencia de las actividades parlamentarias
Recientemente, en Portugal, el Supremo Tribunal Administrativo ha desestimado el acceso a una información que el Parlamento portugués tenía en su poder como consecuencia de la actividad fiscalizadora ejercida por una Comisión parlamentaria de investigación. La fundamentación de esta decisión judicial se basa en que la información de la que ha dispuesto la Comisión de investigación no tiene el carácter de documento administrativo a los efectos de la ley portuguesa de acceso a la información, debido a la naturaleza política de las funciones que ejercen estos órganos parlamentarios. A raíz de esta sentencia, nos planteamos cuál sería la solución que se adoptaría si se plantease este caso en nuestro Derecho, es decir, si es posible acceder a la información que han manejado las Comisiones de investigación del Congreso de los Diputados o del Senado.La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE) somete a sus disposiciones al Congreso y al Senado, pero con algunas particularidades. Entre ellas, cabe destacar que la LTE se aplica a las Cámaras parlamentarias únicamente con relación a aquellas actividades que realizan con sujeción al Derecho administrativo.Sin embargo, la LTE obliga a que el Congreso y el Senado regulen en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de esta ley, lo que da lugar a la existencia de distintas regulaciones del derecho de acceso a la información en cada Cámara parlamentaria. Esta diversidad normativa afecta al acceso a la información de la que han dispuesto las Comisiones de investigacióndel Congreso y del Senado.
Artículo de Álvaro González-Juliana, publicado en la Revista de Derecho Polçitico, núm. 117 (2023).
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Las obligaciones de transparencia de las Autoridades de protección de datos; un requisito indispensable para su independencia
El derecho fundamental a la protección de datos personales goza de una garantía adicional a los tradicionales mecanismos de garantía de los derechos fundamentales como son las Autoridades de control. Nos centraremos aquí en analizar el porqué de su existencia, su organización y funciones. El objetivo es constatar la necesidad de que estas Autoridades administrativas independientes cumplan con las exigencias de transparencia no sólo por ser Administraciones públicas, sino porque por su especial naturaleza jurídica y su carácter independiente se han convertido en una realidad necesaria en las sociedades actuales, reforzando, en último término, la garantía de derechos fundamentales en el sector que regulan o asesoran, fortaleciendo así nuestros Estados.
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Transparencia pública, genoma y datos genéticos
Las actuaciones sobre el genoma, la información y los datos genéticos presentan riesgos para los derechos fundamentales, incluido el derecho a la protección de datos personales, y para la dignidad y libertad humana. En estas actuaciones destaca la intervención de las administraciones públicas, asi como de entidades e instituciones sujetas a las obligaciones de transparencia. Desde el punto de vista de las obligaciones de publicidad activa y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública prevista en las Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se concluye la necesidad de completar el espacio y el contenido de la transparencia necesaria, siendo objetivo de este trabajo la definición de un marco específico de cumplimiento. Para ello se identifican las singularidades de las actividades que tienen por objeto el genoma humano, la información genética y los datos genéticos en su contexto de uso legítimo, al objeto de definir un espacio específico de rendición de cuentas.
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Transparencia algorítmica en los medios de comunicación y las plataformas digitales
La transparencia algorítmica ha cobrado especial relevancia en el contexto de la información y la comunicación porque la utilización de algoritmos en medios de comunicación y plataformas está absolutamente extendida e integrada en todos sus aspectos. La falta de transparencia sobre el uso de estas herramientas matemáticas unida a las características intrínsecas de los algoritmos ha provocado efectos negativos en el contexto del periodismo como la dificultad de cumplir con su función de perro guardián y de las plataformas contribuyendo a la difusión de desinformación, la censura de contenidos o la explotación ilegal de datos. Por ello, las disposiciones que está adoptando la Unión Europea en materia de transparencia algorítmica constituyen un avance para mitigar los riesgos de la manipulación informativa y garantizar los derechos de los usuarios.
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El conflicto entre la transparencia y la protección de datos tras la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos
La entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos ha supuesto un cambio notable en el marco normativo europeo regulador del derecho fundamental a la protección de datos. En particular, ha conllevado un cierto avance en la regulación del conflicto entre este derecho fundamental y el derecho de acceso a los documentos públicos. El principal objetivo de este trabajo es examinar si es recomendable o incluso exigible que se modifique la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a fin de acomodarla a este renovado marco normativo europeo. A este respecto, el trabajo aporta algunas sugerencias de reforma de la citada Ley que garantizarían su más adecuado encaje con el Reglamento General de Protección de Datos.
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Transparencia, un derecho europeo, y su relación con otros bienes constitucionalmente relevantes
Este artículo analiza el derecho a la transparencia en el marco del Derecho europeo y su relación con los derechos de privacidad y protección de datos. Se examinan las regulaciones existentes y su papel en la promoción de la rendición de cuentas, mientras que se destaca la importancia de equilibrar la protección de la privacidad y la transparencia institucional. Además, se profundiza en el debate sobre la transparencia y el acceso a la información en el Derecho europeo, así como la relevancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
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Transparencia algorítmica en el sector público
Estudio publicado por Gobierno Abierto de la Generalitat de Catalunya con un análisis completo de los aspectos de interés sobre transparencia algorítmica. Su autor es Pablo Jiménez Arandia.
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Información Clasificada en Tiempos de Transparencia: un análisis comparado sobre las políticas en materia de secretos oficiales
Uno de los elementos que forman parte del debate actual sobre la calidad de la democracia se vincula con la existencia de determinados ámbitos de actuación de los poderes públicos que por razón de su naturaleza se sustraen a los principios generales de publicidad y transparencia. El debate sobre el acceso a la información pública ha puesto de manifiesto, nuevamente, la regulación sobre los secretos oficiales. El artículo analiza siete países europeos (Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Suecia, Portugal e Italia) analiza y modeliza su política de información clasificada a partir del estudio de cuatro dimensiones: regulación normativa, órganos de clasificación, parámetros temporales de la clasificación y categorías de tratamiento para determinar si tienden a favorecer la posición institucional o el escrutinio público.
Un artículo de Daniel Casal Oubiña, de la Universidad Rey Juan Carlos, para la Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE.
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Los órganos de garantía del derecho de acceso a la información pública
Compartimos con todos vosotros/as, una nueva tesis sobre una de las materias que más nos atraen, el derecho de acceso a la información pública. La tesis es obra de Beatriz Fernández Moreno, y ha sido dirigida por Isaac Martín Delgado en la Universidad de Castilla-La Mancha.
La tesis doctoral persigue conocer cómo se ha llevado a cabo el proceso de constitución de los órganos de control de la transparencia en el Estado y en las Comunidades Autónomas (CCAA), a partir de la aprobación de la Ley española de Transparencia Acceso a la Información y Buen Gobierno 19/2013, (LTAIBG) y la implementación de las leyes de acceso a la información en el territorio español; la puesta en funcionamiento del Consejo de Transparencia como un nuevo órgano administrativo, autónomo e independiente, para velar por el cumplimiento y respeto a los derechos contemplados en la misma y la creación de los Consejos, Comisiones y Comisionado en las Comunidades Autónomas, ante los que la LTAIBG y la normativa autonómica, nos invita a acudir para salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública. Comienza con una revisión académica sobre los diversos estudios de la transparencia, presentando el marco conceptual de la misma como valor central en las actuales democracias. Se analiza el marco jurídico centrado en la normativa estatal -antecedentes, características y contenido de la Ley 19/2013, (LTAIBG) y de su reglamento en tramitación-, así como en la regulación de la transparencia en las CCAA. La investigación nos ha proporcionado interesantes resultados, tras el análisis: en primer lugar, un aspecto fundamental de la debida implementación de la normativa en esta materia radica en el establecimiento de estos órganos administrativos "especializados" destinados a supervisar y satisfacer el cumplimiento de la legislación y la resolución de conflictos que surgen entre el derecho de acceso a la información pública y el interés del Estado y CCAA en proteger determinada información, con base en las limitaciones legalmente establecidas. Su diseño y los elementos estructurales de los órganos, revisando su composición, la elección y perfil de sus miembros, así como la suficiencia de recursos humanos y económicos, son factores clave para instrumentalizar su independencia y eficiencia. Finalmente, se expone su eficacia jurídica a través de su actividad. Todo ello nos ha permitido avanzar como conclusiones cuáles son las dificultades y las fortalezas que los consejos, comisiones y comisionado presentan en España, determinando sus logros y las barreras que deberán ir superando para convertirse en verdaderos y eficaces órganos de garantía del derecho de acceso a la información pública, como condición primera y básica de una nueva cultura de la transparencia y de una democracia que apueste por un verdadero protagonismo de la ciudadanía.
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La transparencia como derecho-deber y sus relaciones con el derecho fundamental a ser informado. De nuevo, discrepando
Compartimos el trabajo elaborado por Remedio Sánchez Férriz y pulicado en la revista de la UNED "Teoría y Realidad Constitucional", núm. 51 (2023).
Reflexiona aquí sobre la incidencia de la aplicación de los Derechos Fundamentales en la organización y actuación de los poderes públicos. Se toma como ejemplo el derecho a la información cuya formulación es bien reciente y no es el derecho más estudiado ni mejor comprendido de los que se contienen en el sistema del Título I de la Constitución española. Sin embargo, ha adquirido cierto predicamento con las nuevas normas de transparencia que pueden ser muy efectivas si se vinculan al derecho a la información como fundamento de toda democracia avanzada. Pero el hecho de que la Constitución española haya reconocido junto a tal derecho fundamental, el derecho constitucional de acceso a documentos y archivos administrativos ha generado gran polémica al querer reconocer ambos sin la debida distinción en su estructura y funcionalidad respectiva. Se intenta aquí alguna aclaración al respecto a partir de la significación política y democrática del derecho a la información del que la transparencia sería una técnica más para hacerlo realidad, en el ámbito administrativo, pero sin llegar a agotarlo. El derecho vicario puede nutrirse de la fundamentalidad del derecho a ser informado siempre que el legislador lo regule en tal sentido al menos en algunos supuestos. Pero hasta ahora creo que la doctrina y la legislación están optando por un enfoque más orgánico que dogmático contraviniendo así los principios con que comienza este trabajo y deslizando el problema hacia su administrativización.
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La transparencia en la Administración: la experiencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
La transparencia es una exigencia de todo Estado democrático de derecho, como principio rector de la actuación de la Administración pública y el derecho de acceso a la información pública una de sus principales manifestaciones.
El derecho español ha tardado en hacer efectivo este derecho a través de un desarrollo legal propio, tras incluirse en el Texto Constitucional; y lo ha hecho mediante una ley ordinaria, no como parte de la doctrina que defendía otorgarle el carácter de derecho fundamental. Así, también debe ser vocación política la de contribuir a potenciar los principios y valores de la democracia participativa a través del cumplimiento de la normativa por todo el personal obligado a ello. En análogos términos podemos referirnos a las leyes administrativas, en algunas de las cuales se ha incorporado la transparencia como principio de actuación de la Administración, lo que bien merece que la transparencia se convierta en un objetivo prioritario de todo gestor público.
Revista Española de Transparencia, núm. 16. Primer semestre. Enero-junio de 2023. María Ángeles Rodríguez Pérez -
El derecho de acceso a la información de interés público sobre personas privadas de libertad en Chile
El trabajo aborda la delimitación del derecho de acceso a la información de interés público en Chile y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de transparencia y protección de datos de las personas privadas de libertad. Lo anterior, a partir del análisis de las Decisiones del Consejo para la Transparencia
chileno, entre los años 2009 y 2021, frente a solicitudes de acceso a información vinculada a procedimientos y sanciones. Con ello, buscamos destacar las principales debilidades de la regulación chilena sobre transparencia y control de datos personales de un grupo especialmente protegido por el Derecho, advirtiendo oportunidades de mejora a la luz de estándares fijados por el derecho internacional.
Revista Española de Transparencia, núm. 16. Primer semestre. Enero-junio de 2023. Carmen Droguett y Nathalie Walker -
Estudio exploratorio sobre el número de solicitudes de acceso a la información y reclamaciones a nivel internacional comparado
Un pilar de la transparencia es el derecho de los ciudadanos de solicitar información de sus gobiernos, con la posibilidad de reclamar en caso de recibir respuestas insatisfactorias. Para 2020, 127 países aprobaron Leyes de Acceso a la Información, y 92 crearon órganos de control para conocer las reclamaciones. La literatura señala que, en teoría, el número de solicitudes y reclamaciones podrían ser variables para medir la transparencia de los países. Sin embargo, se desconoce cuál sería la tasa media o estándar a nivel comparado. Utilizando datos de los informes
anuales de los órganos de control y de población, se ha obtenido que tasa media de solicitudes a nivel comparado es 420 al año/100.000 habitantes, la tasa media de reclamaciones es 20 al año/100.000 habitantes, y la tasa media de solicitudes exitosas es 89%. Estas variables no están asociadas a otros factores de transparencia, como ingreso y libertad de prensa.
Revista Española de Transparencia, núm. 16. Primer semestre. Enero-junio de 2023. Camilo Jara-Villalobos -
Decisiones automatizadas y transparencia administrativa: nuevos retos para los derechos fundamentales
En la sociedad tecnológica actual, las Administraciones Públicas, al igual que el sector privado, han generalizado el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Los algoritmos, que pueden procesar cantidades ingentes de datos y ayudar por la precisión de sus resultados, no obstante, plantean nuevos retos para
los derechos fundamentales. En primer lugar, por la escasa información que se tiene sobre su funcionamiento, lo que supone una quiebra del principio de transparencia. En segundo lugar, por su complejidad, lo que dificulta su sujeción a medidas de control y complica la motivación de los actos administrativos automatizados,
limitando la capacidad de los ciudadanos para recurrir las decisiones de la Administración. Y, por último, por lo influyentes que son: su empleo inadecuado puede desembocar en situaciones discriminatorias, así como lesionar otros derechos fundamentales de los ciudadanos.
Revista Española de Transparencia, núm. 16. Primer semestre. Enero-junio de 2023. Inmaculada Jiménez-Castellanos Ballesteros -
La transparencia de las aportaciones financieras a los grupos políticos locales
La probablemente necesaria discrecionalidad (con respeto a los límites legales) con la que los grupos políticos locales disponen de las aportaciones financieras de su respectiva entidad local «para su funcionamiento» ha estado, a menudo, acompañada de un pacto tácito de opacidad, lo que ha venido siendo un serio déficit de nuestra democracia local. Frente a esta praxis, debe subrayarse el elevado interés público en la divulgación de esta información, directamente vinculada al mandato de rendición de cuentas y reforzada por el carácter
representativo de los beneficiarios de estas subvenciones, pues no otra es su naturaleza.
Revista Española de Transparencia, núm. 16. Primer semestre. Enero-junio de 2023. Severiano Fernández Ramos -
La problemática aplicación supletoria de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el deslinde de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas tras la reciente doctrina del TS
Aunque la doctrina del TC sobre la cláusula de supletoriedad del derecho estatal del artículo 149.3 CE no está exenta de crítica, su orientación puede considerarse estable y aclarada desde las conocidas Sentencias 118/1996 y 61/1997, que se decantaron definitivamente por considerarla una norma ordenadora de la aplicación de las normas en el Estado compuesto configurado por la CE. No obstante, la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, núm. 422/2022, que sirve de apoyo a este análisis, se separa de los criterios jurisprudenciales del TC y realiza una aplicación supletoria de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que es básica, integrando una presunta laguna de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y
Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta aplicación supletoria de la ley básica produce, además, el efecto de modificar el régimen jurídico de la transparencia de las corporaciones locales de la Región de Murcia, que es parcialmente competencia autonómica, y modifica también el régimen del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, materia que es de la exclusiva competencia autonómica sobre autoorganización.
Revista Española de Transparencia, núm. 16. Primer semestre. Enero-junio de 2023. Manuel M. Contreras Ortiz -
El derecho a transparencia desde una perspectiva de género
La transparencia presenta una dimensión constitucional por la repercusión en derechos fundamentales de víctimas de violencia y maltrato. El objeto de estudio se centra en los riesgos de la desinformación y sus efectos negativos sobre la vida, integridad, seguridad, revictimización o tutela jurídica de las mujeres. La metodología se desarrolla a través de la aplicación de la perspectiva de género y el criterio de vulnerabilidad como categorías de análisis, basándose en las deficiencias de la regulación actual, la jurisprudencia emergente en esta temática y la interpretación doctrinal de aspectos controvertidos. Como conclusiones destacan la construcción jurídica de una transparencia de género a través de un derecho subjetivo individual y adaptativo de información, la consolidación de un interés público de género para dirimir conflictos entre derechos fundamentales de víctimas y delincuentes, las limitaciones al derecho al olvido de maltratadores o agresores sexuales y la responsabilidad pública por desinformación.
Revista Española de Transparencia, núm. 16. Primer semestre. Enero-junio de 2023. Catalina Ruíz-Rico Ruíz
